Dividida la comunidad de bailarines ante proyecto de ley que busca regular la danza
El jueves habrá una reunión entre profesionales del baile y artes escénicas para que se expresen sobre la iniciativa de la Cámara de Representantes.
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La práctica de la danza en Puerto Rico es una completamente libre, regida básicamente por las técnicas del arte del baile. Esto pudiera cambiar si se aprueba el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 2170, el cual propone una regulación para ejercer la danza en la isla.
El proyecto persigue legalizar el ejercicio de la danza a través de la “Ley Reguladora de la Profesión de la Danza en Puerto Rico”, cuyo cumplimiento sería velado por un “Consejo Regulador de la Danza”, el cual estaría integrado por nueve miembros que serían nombrados por el gobernador de turno en consentimiento con el Senado de Puerto Rico, según detalla el documento firmado por la representante Lourdes Ramos Rivera.
El surgimiento de este proyecto ha levantado opiniones encontradas dentro de la comunidad de bailarines, bailarinas y otros intérpretes de las artes escénicas. Es por ello que todos han sido llamados este jueves, a partir de las 11:00 am a una reunión en el Teatro Francisco Arriví para expresarse sobre el P. de la C. 2170 y ofrecer posibles soluciones, ideas y alternativas que mejoren la industria de la danza y el arte en el país, de acuerdo con la convocatoria.
La coreógrafa y bailarina Juliana Ortiz es una de las propulsoras de la ley que se crearía bajo los argumentos de que los profesionales de la danza “pueden efrentar precariedad” debido a la inestabilidad en los trabajos; “pueden sufrir falta de reconocimiento profesional” por no siempre ser reconocida como una profesión; “enfrentan desigualdad de oportunidades” por presuntadas disparidades en el acceso a la formación y experiencias laborales.
Se expone además que los profesionales de la danza -arte definido como aquel donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión e interacción social, con fines de entretenimiento, artísticos o religiosos- arriegasn su salud debido los horarios y condiciones de trabajo.
“En consideración a lo anterior, entendemos que la regulación de la profesión de la danza a través de la creación de un consejo regulador es esencial para garantizar condiciones de trabajo dignas y seguras, así como para promover el desarrollo artístico y cultural del país”, expone el proyecto con fecha del 22 de mayo.
El bailarín Héctor A. Beltrán Zayas compartió su opinión sobre el proyecto en Facebook comenzando con la siguiente afirmación: “Soy bailarín y nadie decide su puedo o no bailar”.
“El mundo de la danza siendo tan amplio; un papel que diga ‘estás certificado’ no te hace ser profesional y tampoco te garantiza ser buen maestr@. A l@s bailarines/nas se les ‘mide’ y reconoce por su ejecución en el escenario; y como maestr@ se verá en tus estudiantes”, continuó quien es bailarín indepediente y ha formado parte de Ballet Brio y fue maestro de danza en la Escuela Especializada en Bellas Artes Pablo Casals.
“El arte es libre y subjetivo. Que lo haga quien quiera de la forma que mejor entienda. De todas maneras tienes que pasar por audiciones, ser llamado por producciones o crearlas. Quien esté en un escenario ‘profesional’ es porque así lo requirió esa producción o evento. Al final hay público para tod@s y quien paga el boleto no le importa los certificados que tengas”, puntualizó Beltrán Zayas.
El bailarín, no obstante, observó como una prioridad iniciar una conversación sobre los salarios, condiciones de trabajo, programas de salud, retiro y otros beneficios para el gremio al cual pertenece.
La gestora cultural Raquel Vázquez Varela, directora ejecutiva de Teatro Público, igualmente se expresó en contra del proyecto.
“Ojo con las políticas que excluyen, obstaculizan y dificultan aún más el ejercer prácticas artísticas en Puerto Rico. El récord es claro: no funcionan”, expuso la también artista.
“Si algo he aprendido como gestora de proyectos escénicos, es que las condiciones laborales de nuestres intérpretes están siempre en manos de les productores. Generar presupuestos y planes de trabajo que garanticen una remuneración justa y prácticas dignas, es fundamental. Cualquier política cultural que realmente quiera incentivar el sector de artes escénicas en Puerto Rico, tiene (que) dirigirse a atajar los escollos que provoca el mercado en torno a costos de producción: espacios de creación y presentación, materiales y equipos, seguros y permisología, medios de divulgación, servicios de boletería, entre otros. #NoAlPC2170″, expuso Vázquez Varela desde su cuenta en Facebook.