Un total de 29 proyectos audiovisuales se beneficiarán de la asignación de $74 millones de los fondos de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA), entre estos, un primer largometraje producido y dirigido por la actriz Roselyn Sánchez; historias biográficas del atleta Jaime Espinal, el cantante Wilkins y de la modelo Sofía Jirau, y una historia protagonizada por Hermes Croatto, en la que se enfrenta la música tradicional puertorriqueña con el reguetón.

El anuncio de los proyectos seleccionados se realizó en la mañana de este jueves por el director del Programa para el Desarrollo de la Industria Cinematográfica (PDIC) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), José Sánchez Acosta, quien dijo que recibieron cerca de 100 solicitudes, de las que se evaluaron 70 y finalmente se escogieron 29. De esa totalidad, el ejecutivo indicó que apenas se han firmado unos 10 contratos y no precisó con exactitud la cantidad de dinero que se ha desembolsado de esta asignación especial, que se suma al tope de $38 millones en créditos contributivos sobre los que ordinariamente se sostiene la industria del cine local.

La asignación de $74 millones se dividió en dos partidas, una que corresponde al año fiscal que termina el 30 de junio, y otra que inicia a partir del 1 de julio.

El anuncio de esta selección se da en medio de reclamos públicos, inclusive de índole legal, por una mayor transparencia en el proceso de selección y del manejo de los fondos. El cineasta Álvaro Aponte-Centeno, de la firma productora Moriviví, llegó al Tribunal de Apelaciones solicitando que se paralice la designación de fondos hasta tanto se clarifique ese proceso, pues él fue uno de los solicitantes con las producciones “Sarah” y “Ella”, para las que asegura haber cumplido cabalmente con los requerimientos, mas no obtuvo los incentivos.

El PDIC aún no ha respondido a la moción en auxilio de jurisdicción presentada por Aponte-Centeno y su representante legal, Luis José Torres Asencio, entendiendo que no se han cumplido los 30 días que les permite a esos efectos el Reglamento del Tribunal de Apelaciones.

“Los proyectos que no están aquí, la gente que no está aquí, tiene el mismo mérito que tienen ustedes”, indicó Sánchez Acosta en la presentación de los proyectos, de la que también participó el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Cidre Miranda. Agregó que tal vez el descarte de un proyecto respondió a que hubo alguna frase, o algún aspecto en la sinopsis o en el presupuesto, que no respondieron a los criterios de evaluación, los cuales se basaron en una guía redactada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF). “Fueron declinados proyectos muy buenos, muy bonitos... Claro que duele no ser aceptado, claro que duele ser declinado, quiero que sepan que nos duele a nosotros también. Ya quisiera yo haber aprobado los 70, los 100 que se acercaron, pero cuando los fondos no son ilimitados, ciertamente hay que tirar la línea en un punto. No porque unos sean buenos y otros malos, sino porque confiamos en que ustedes, los que fueron aprobados, la van a sacar del parque”, afirmó.

Entre los requisitos el licenciado mencionó que las producciones deben tener un presupuesto que sobrepase el millón de dólares, presentar evidencia de financiamiento, además de cumplir con unas “guías internas” del PDIC y el DDEC que incluyen aspectos como el número de empleos por generar, expectativa de noches de hotel y la posibilidad de intercambio con el programa de rones y el programa de artesanos puertorriqueños.

Sánchez Acosta se refirió en varias ocasiones a la Junta de Supervisión Fiscal como un ente al que había que “convencer”, pues el análisis que hace es uno de rendimiento sobre la inversión. “No es si el proyecto es lindo, si la playa salió bonita, si usaron al jíbaro puertorriqueño, si el reguetón, no, el análisis es bien, bien empírico. ¿Esto va a llegar al cine? ¿Esto lo van a ver? Es un análisis injusto, estoy seguro, pero ciertamente basado en que haya un rendimiento, y ese rendimiento se logra con proyectos que lleguen al cine, que se realicen y se conviertan en realidad”, dijo previo a mencionar los escogidos.

Más adelante se le preguntó directamente sobre si ese cuerpo fiscal tuvo participación activa en el proceso de selección, lo que negó, pero indicó que tiene sobre la mesa la discusión sobre la Ley 5 del 2023, la cual aumentaría el tope de créditos contributivos para la industria de cine de $38 millones a $100 millones.

“Ellos no tienen que ver con este proyecto, lo que pasa es que como ya sé que un elemento diferenciador para ellos es el rendimiento en la inversión que hace Puerto Rico, pues estoy seguro de que esto se va a convertir en un elemento más de juicio”, expuso. “Quiero usar esta experiencia como un persuasivo adicional para que aquellos que estén deliberando sobre los créditos, porque esto es un one deal shot, estos son dos años fiscales, y quiero que aquellos que tienen en las manos deliberar sobre el futuro de esa ley, tengan otro elemento”, sostuvo.

Sobre por qué se mantienen en secreto las identidades de los miembros que conforman el Comité Evaluador, Sánchez Acosta planteó que ha sido una medida para evitar influencias o vicios en el proceso. Se liminitó a compartir que “ese grupo contiene dos personas que provienen del mundo del cine, que llevan más de una década en el cine; una de ellas, es memoria institucional del programa; otra es cineasta, asistente de producción por más de 15 años, sabe de lo que estamos hablando; hay otra que es experimentada en el uso y manejo de fondos federales ARPA, (y) el cuarto integrante soy yo, que soy el menos que sé, pero le impartía la visión de mi experiencia legal como abogado de más de 25 años, y me parece que hicimos un trabajo serio, honesto, comprometido, respetando realmente la responsabilidad que teníamos en las manos”.

Este diario insistió en conocer los nombres de los integrantes del comité aduciendo que ya el proceso de evaluación culminó y que así habría una mayor transparencia y justicia en el proceso. “¿Saber los nombres es sumamente importante?”, preguntó entonces Sánchez Acosta, para seguido decir que solicitaría autorización a los miembros del comité para revelar sus nombres.

Entrada la tarde, el director del PDIC, manifestó por escrito que “el fondo asignado a los proyectos cinematográficos todavía no ha cerrado, porque existe un remanente. Ante la posibilidad de evaluaciones adicionales, resulta impropio divulgar los nombres, previo a que finalice el proceso”.

Yo aspiro a una industria robusta de cine, una industria robusta que no solamente se conforme con las bellezas de Puerto Rico, que no solamente nos limitemos al talento que tenemos que nos sobra; a un ambiente de cine rico en creatividad, rico en innovación, rico en infraestructura, rico en facilidades”

-Manuel Cidre Mirana, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

Del total de $74 millones aún resta “un remanente mínimo”, advirtió Sánchez Acosta, el cual no se va a adjudicar en previsión de lo que pueda ocurrir con las demandas presentadas en el tribunal. “El tribunal no la ha resuelto, no nos ha ordenado nada, pero yo en absoluta cautela y prevención, prefiero aguantarlo para cualquier eventualidad en esa dirección”.

La cineasta Annabelle Mullen tiene aprobados dos proyectos, “Trenzadas” y “@Amor”, con unos incentivos de $1.5 millones cada uno, sin embargo es parte del grupo que aún no ha firmado contratos, aunque los fondos están garantizados, aseguró Sánchez Acosta.

En este caso, hubo una controversia sobre el contenido de una factura al incluir partidas que no correspondían a la fase del desarrollo del guion, por lo que fue devuelta para revisión. Mullen confirmó tal diferencia y en una conversación que sostuvo el miércoles con Sánchez Acosta le solicitó que se emitan unas guías que, igualmente, detallen los requisitos por factura. “Si para cada factura, donde yo no sé qué me van a permitir o no, no me van a explicar de antemano, no van a hacer unas guías de cómo debo presentarlas, esto va a ser un dolor de cabeza. Me presenta a mí una incertidumbre y me pone a pensar, y lo que hice fue pedirles que emitan unas guías sobre qué van a permitir en las facturas para así evitarnos todos trabajo, porque al final evito problemas a mí y a ellos”, dijo Mullen, quien afortunadamente tuvo una respuesta positiva en su petición.