La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) condena la nueva petición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de acelerar el proceso de privatización de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) y destaca el “potencial extraordinario” de la estación pública.

“Las emisoras radiales y televisivas son un activo importante del pueblo y no deben entregarse a la empresa privada. Son un medio de producción cultural y educativa que, aún manejadas negligentemente por el gobierno de Puerto Rico, tienen gran valor para nuestra sociedad”, aseguró por escrito Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la FMPR.

Recientemente la Federación de Maestros fue una, de cerca de una decena de uniones peticionarias, de la Resolución de la Cámara 646 para ordenar al Departamento de Educación (DE) y a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública que realicen, de manera conjunta e inmediata, un acuerdo colaborativo para ofrecer cursos a distancia para todos los estudiantes del sistema público, a través de WIPR, durante la actual emergencia del COVID-19. “Las facilidades de WIPR, WIPM y las estaciones de radio tienen un potencial extraordinario para complementar y apoyar enseñanza de nuestras escuelas”, expuso.

“Repudiamos el actuar de la Junta al querer aprovechar la situación de emergencia que vive el país para empujar un proceso que saben que tiene la oposición de diversos sectores. Es lo que se conoce como el capitalismo del desastre, donde entes gubernamentales y empresas buitres ven en el sufrimiento de la población la oportunidad para apropiarse de sus recursos”, añadió Martínez Padilla.

Los trabajadores de WIPR y WIPM están afiliados a la Unión General de Trabajadores (UGT) que emplazó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced a no dar paso a los requerimientos de la JCF.

La Junta de Control Fiscal se negó a asignar $2.2 millones a la corporación que permitiría mantener la operación. Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF le notificó a WIPR y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), que tienen hasta el 15 de mayo para que se apruebe un proyecto de ley que permita la privatización de las estaciones del Gobierno.

La FMPR le hace un llamado al pueblo a unirse a la defensa de WIPR y demostrar la solidaridad con sus trabajadoras y trabajadores.