Las Criollas de Caguas de la Liga de Voleibol Superior Femenino han demandado a las Sanjuaneras de la Capital reclamando una compensación de $600,000 por los daños que le ocasionaron al negarse a jugar en la serie final del 2021 en septiembre pasado.

El motivo de la demanda expone que las Criollas sufrieron grandes daños económicos al San Juan incumplir su deber de jugar. La demanda reaviva la controversia que inicio en septiembre del 2021.

La demanda surge en momento en que las Sanjuaneras aún esperan porque el Tribunal Apelativo de San Juan acoja una petición que sometieron en octubre contra la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) y el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) por no haber permitido la sustitución de la jugadora refuerzo y embarazada Destinee Hooker antes del inicio de la pasada final. Como represalias a esa decisión las Sanjuaneras no acudieron a los primeros dos partidos de la final y la LVSF le confiscó así la serie, sin jugarse si quiera un juego, y dando el campeonato a las Criollas.

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Pero la cosa no quedó ahí. En marzo las Criollas sometieron su demanda contra las Sanjuaneras, según se desprende del récord público del caso CG2022CV00630 y que fue asignado a la juez Myrna Ayala Díaz en el Tribunal de Caguas.

El apoderado de las Criollas, Francisco ‘Furiel’ Ramos, y su colega de las Sanjuaneras, Marcos Martínez, no contestaron llamadas o no quisieron hacer comentarios sobre la demanda, respectivamente.

Recuerdos del asignado primer juego de la serie final del 2021 en Caguas sin la presencia de las Sanjuaneras y escaso público en las gradas. El partido fue confiscado a favor de las Criollas, que sí comparecieron.
Recuerdos del asignado primer juego de la serie final del 2021 en Caguas sin la presencia de las Sanjuaneras y escaso público en las gradas. El partido fue confiscado a favor de las Criollas, que sí comparecieron. (Carlos González)

Las Criollas buscan con dicha demanda una compensación por los daños que sufrieron al no poder jugar la serie final del Voleibol Superior 2021. Los equipos del voleibol y del deporte en general en Puerto Rico, logran generar sus más grandes ingresos de una campaña al jugar partidos de postemporada y sobretodo de una serie final. Con la demanda, la gerencia de Caguas de seguro pretende conseguir una compensación por no haber podido lograr dichas ganancias debido a la ausencia de las Sanjuaneras. El equipo cagüeño de seguro tuvo que cumplir sus planes de pagos con sus jugadores aún cuando perdió esa fuente de ingresos.

La confiscación de la final llevó el año pasado a las Sanjuaneras a demandar a la FPF y al Copur. La demanda fue desestimada en el Tribunal de San Juan y no acogida en una alzada al Tribunal Supremo, quien dijo que antes debería ser atendida por el Tribunal Apelativo. En esa decisión del Supremo hubo voces disidentes, como la de la juez presidenta Maite Oronoz Rodríguez, quien dijo considerar que la petición sí podía contar con los criterios necesarios para ser certificado “por ser uno novel y de carácter constitucional”.

“Estamos ante una controversia de alto interés público que puede evadir nuestros pronunciamientos. La última ocasión en la que nos expresamos sobre prácticas arbitrarias y discriminatorias en eventos federativos fue hace aproximadamente cuarenta y seis años, en Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 DPR 147 (1978). En esta ocasión, se le escapa al Tribunal la ocasión para realizar una expresión sobre el alcance de la autonomía deportiva en la revisión judicial a pesar de que ello es un asunto novel y de importancia vital para el deporte puertorriqueño”, escribió Oronoz Rodríguez.