El suspendido y demandado apoderado de las Sanjuaneras de la Capital en el Voleibol Superior, Marcos Martinez, dijo este lunes que volverá a la liga cuando cumpla el castigo que le impuso la Federación Puertorriqueña de Voleibol.

Martínez agregó que regresará con más fuerza con la franquicia capitalina, porque es su estilo luchar contra toda adversidad.

“En el resto de mi vida profesional, no he sido del tipo de persona de las que se rinden. Espero que, cuando se cumpla el tiempo de la suspensión, regresaré con más fuerza para la próxima campaña”, dijo Martínez.

Martínez y la franquicia de las Sanjuaneras fueron suspendidas por un año en septiembre el 2021 luego de no comparecer a la serie final del Voleibol Superior. La acción y el castigo es acorde al reglamento de la Federación Puertorriqueña de Voleibol. Las jugadoras y técnicos también fueron suspendidos, pero los castigos fueron levantados eventualmente y podrán trabajar en la temporada 2022 que inicia este miércoles.

Martínez debutó como apoderado en el 2017 con las Leonas de Ponce. Eventualmente transfirió la franquicia a Toa Baja y luego a San Juan.

El apoderado tiene un núcleo de jugadoras nativas que es de lo mejor en el Voleibol Superior. Ese núcleo está repartido entre los cinco equipos que verán acción en el 2022 y regresaría a San Juan si la franquicia vuelve a ser parte de la Liga en el 2023. En ese núcleo está Natalia Valentín, Neira Ortiz, Debora Seilhamer, Génesis Collazo, Dulce María Téllez, entre otras jugadoras.

Mientras cumple el periodo de suspensión, el apoderado mantiene en el Tribunal Apelativo una petición para revisar la decisión del Tribunal Superior de San Juan de no revertir la decisión la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) y la LVSF por los hechos que llevaron a la cancelación de la serie final 2021 y a la eventual declaración de las Criollas de Caguas como campeonas, además de a la suspensión de San Juan.

El caso gira en torno a la negativa de la FPV a otorgarle al equipo un permiso para sustituir previo a la final a la jugadora refuerzo Destinee Hooker, de quien se reportó en ese momento llevaba un embarazo considerado de alto riesgo. La decisión de la Federación de no acceder al cambio porque reglamentariamente no tenía nada fijado para ese propósito fue ratificada por el Tribunal Apelativo y de Arbitraje Deportivo del Comité Olímpico de Puerto Rico.

San Juan luego acudió a los tribuales civiles, en donde el cuerpo de San Juan desestimó la demanda radicada por las Sanjuaneras contra la Federación y el Comité Olímpico de Puerto Rico. El caso también llegó al Tribunal Supremo, que no acogió la demanda. Actualmente, el caso se encuentra a la espera de una vista en el Tribunal Apelativo.

Las Criollas demandaron en marzo a las Sanjuaneras por daños e incumplimiento de contrato. Esa demanda no tiene fecha asignada para vista. El equipo reclama pérdidas estimadas en $600,000.