El presidente del Baloncesto Superior Nacional  dijo ayer en vistas públicas que su preocupación mayor sobre la propuesta legislativa para legalizar en la Isla el negocio de las apuestas deportivas es la carga que  esta industria podría imponer a las ligas para velar por proteger la integridad del deporte y sus resultados.

Su preocupación es genuina de cara al Proyecto 2038  que ha estado estos pasados días en vistas y que iría a votación en la Cámara de Representantes este lunes.

El Proyecto 2038, de hecho, atiende el tema de la integridad del deporte ante las apuestas ilegales.

Mientras, una mirada a la historia de las apuestas deportivas revela la extensión de las veces en que ellas, legales o ilegales, han afectado la integridad del deporte.

Desde la expulsión de por vida del expelotero y dirigente Pete Rose por arreglar juegos para beneficiarse de apuestas que hacía cuando dirigía en las Grandes Ligas en la década del 1980, hasta la sentencia de 15 meses que cumplió en el 2007 el árbitro de NBA, Tim Donaghy, por también aprovechar su posición y sus decisiones para favorecer a apostadores con quienes compartía información.

Esos no son los únicos casos. Más recientemente cuatro voleibolistas coreanas fue expulsada  por su federación por arreglar juegos en el 2012. En realidad, los casos en los cuales  la integridad del deporte se ha visto manchada por las apuestas son numerosas, no discriminan deportes y alcanzan, en algunos casos, hasta el nivel de escándalo.

Quiñones dijo a Primera Hora que la legalización de las apuestas deportivas que propone el Proyecto 2023 es una forma de regular lo que claramente está sucediendo con sin legalización.

“Se legalicen o no, el peligro está. Sí soy de los que piensan que cuando hay una situación hay que regularla. Al regular, y si genera ingresos, me parece que pudiéramos atacar una situación que pudiera ocurrir con o sin esta ley”, dijo en torneo a buscar mecanismos para proteger la integridad.

Quiñones sugirió ayer en la vista que se limite el tipo de apuestas, a lo que el representante Antonio Soto, presidente de la comisión cameral de Hacienda, le pidió que haga una lista de las apuestas que deberían permitir.

El Proyecto 2023 está proponiendo apuestas para resultados del  BSN, en el Voleibol Superior y la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico.  Según el proyecto, esos son los deportes más estructurados para promover las apuestas y evitar ataques a la integridad de los juegos.

Los ingresos para el gobierno si legaliza las apuesta se estiman, según diferentes estudios, tendrían un impacto al fisco de entre $7 a $88 millones anuales. La potencial ley destinaría el 10 por ciento de esos ingresos  al Departamento de Recreación y Deportes para invertir en el deporte.

Mientras, el representante Néstor Alonso, autor del proyecto, dijo a Primera Hora que las apuestas legalizadas no dan garantías de que la integridad del juego no vaya a ser afecta. Pero sí dijo que el Proyecto tiene los recursos para fiscalizar a los apostadores.

“El que hace la ley hace la trampa, pero el proyecto tiene todas las garantías. Lo veo bien difícil, altamente difícil que pueda suceder y, si sucede, vamos a tener los controles necesarios para penalizar”, dijo Alonso.

Alonso especificó que los ojos fiscalizadores de la Oficina de Instituciones Financieras estarán supervisando el proyecto, que también tendrá un historial de los apostadores que se registrarán a por internet. Alonso añadió que habrá inspectores en los lugares con licencias para las máquinas de apuestas.