Una jueza en Florida falló el miércoles en la noche que la exnovia del superastro del golf Tiger Woods debe acatar un acuerdo de confidencialidad que supuestamente firmó y resolver sus demandas con las que pretende indemnizaciones millonarias a través del arbitraje privado a puertas cerradas.

La jueza de circuito, Elizabeth Metzger, en una opinión de 11 páginas, rechazó el intento de Erica Herman de anular el acuerdo de 2017 --con el argumento de que Woods había cometido acoso sexual contra ella— y describió las acusaciones de la demandante como “vagas y huecas”.

“Herman ha tenido la oportunidad de facilitar especificidad objetiva por cualquier reclamo de agresión sexual o acoso sexual, sin embargo, no lo ha hecho”, escribió Metzger.

La jueza dijo además que las pruebas muestran que un convenio de confidencialidad fue negociado entre Herman y Woods en 2017, incluso si su abogado, Benjamin Hodas, ahora pone en duda si de verdad lo había firmado.

Durante una audiencia del 9 de mayo, Hodas admitió que Herman firmó un acuerdo pero señaló que ella no recuerda haber visto el que los abogados de Woods presentaron ante la corte.

Metzger señaló que si Herman hubiera negado categóricamente haber firmado el convenio, ella habría ordenado una audiencia sobre el asunto.

Pero como Herman no tiene la certeza de haberlo hecho o no, esa es una cuestión que debe ser resuelta por un árbitro.

Ni Hodas ni el abogado de Woods, J.B. Murray, habían respondido el miércoles a correos electrónicos en los que se les solicitaba que hicieran declaraciones al respecto. Se desconoce si Hodas presentará una apelación.

Herman, de 39 años, había demandado tanto a Woods, de 47 años, como al fideicomiso poseedor de la mansión de él de 54 millones de dólares en Florida, en busca de una indemnización de 30 millones de dólares en medio de acusaciones no especificadas de acoso sexual.

La revista Forbes calcula la fortuna neta de Woods en 1,100 millones de dólares.

Herman, que administró el restaurante de Woods en el condado Palm Beach antes y durante sus primeros años de relación, arguye que el convenio de confidencialidad queda sin efecto conforme a una nueva ley federal según la cual ese tipo de acuerdos pueden ser anulados si ocurre abuso sexual o acoso sexual.