El presidente de la Federación de Atletismo de Puerto Rico (FAPR), José Enrique Arrarás, dijo que no tiene nada que ver con reclamos de “injusticia” planteados por los representantes de la atleta Racheal Marchand en su caso de dopaje.

El tío de la corredora, el doctor Jorge Marchand, denunció el lunes que hubo irregularidades en el manejo de la prueba de dopaje que se le tomó durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La Federación Internacional de Atletismo (IAAF) la suspendió aludiendo a que arrojó positivo a EPO, por lo que perdió las medallas que ganó en los eventos de 5,000 y 1,500 metros.

Arrarás explicó que debido a razones económicas, la FAPR encargó a la Comisión de Dopaje de Puerto Rico atender el caso de Marchand y de Érika Rivera, quien también está suspendida tras arrojar positivo a pruebas de dopaje de los Juegos.

“Ellos tienen el expertise, reconocidos mundialmente, y de todas formas tendríamos que contratarlos. La Federación está pelá”, dijo Arrarás.

“Le pasamos el caso a la Comisión Antidopaje de Puerto Rico, que preside (el doctor) Enrique Amy. Lo que acordamos fue que la decisión de esa comisión sería la decisión que adoptaría la Federación de Atletismo de Puerto Rico y la IAAF”, sostuvo. “Estamos esperando que terminen en ese procedimiento”.

Un panel de tres personas del Comité de Disciplina de la Comisión Antidopaje de Puerto Rico atenderá los planteamientos de las dos atletas en una reunión pautada para el 14 de febrero.

Las atletas podrán apelar dentro de la misma comisión la determinación que tome el Comité de Disciplina. En caso de que aún estén en desacuerdo, entonces podrán apelar ante la IAAF.

“Como presidente (de la FAPR) no puedo intervenir”, comentó Arrarás. “Lo que determinen ellos es bueno para nosotros”.

En diciembre fue la vista más reciente, que fue cancelada por petición de las atletas. A la próxima, Marchand asistirá con su tío, abogados y un perito científico, que revisó el proceso y sostiene que no se supo el paradero de la prueba que se le tomó por diez horas, por lo que puso en duda que la prueba le pertenezca a la medallista centroamericana.

Marchand solicitará que se abra la prueba “B” en el laboratorio de Montreal y que a esa muestra se le realice un examen de ADN para confirmar que corresponde a la atleta.