Boston deniega solicitud para paralizar la implantación de la ley federal que prohibe la peleas de gallos
El Primer Circuito de Apelaciones denegó con voto 2-1 la solicitud que buscaba otorgar una moratoria a la implantación de la Ley de Granjas del 2018 hasta tanto puedan atender en su fondo la apelación sometida ante su consideración.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 5 años.
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El Primer Circuito de Apelaciones Boston denegó hoy una solicitud que tuvo ante su consideración para que paralizara la entrada en vigencia este sábado de la Ley de Granjas que declara como ilegal las peleas de gallos en Puerto Rico y otros territorios de los Estados Unidos.
La decisión vino en contra de la solicitud que sometió el Club Gallístico de Puerto Rico de Isla Verde. La petición acompaña una apelación sometida ante el Circuito por el club gallístico, quien reclama que el juez federal Gustavo Gelpí erró en una decisión tomada en San Juan en octubre pasado en la que no declaró inconstitucional el derecho que la ley federal sea implantada en Puerto Rico.
La solicitud peticionada en urgencia fue denegada por decisión 2-1 de los jueces que la atendieron, informó el abogado del club gallístico, Félix Manuel Román. Este destacó que el voto a favor otorgar la petición fue del juez puertorriqueño Juan R. Torruella. Los jueces que negaron la solicitud fueron Jeffrey R. Howard y Sanda l. Lynch.
En un texto que contesta la solicitud denegada, Torruella sometió su opinión de por qué estaba a favor de otorgar la paralización.
“Nada se pierde con la paralización hasta que la corte vea el caso. Esta es una ley aprobada sin que Puerto Rico tuviera alguna participación en su legislación, que afectan asuntos que tienen una larga tradición en su historia local. Lo menos que se podría hacer es la paralización hasta tanto sean escuchados”, escribe Torruella en la nota.
El caso al que hace referencia Torruellas es la demanda que sometió en octubre el Club y la Asociación Cultural y Deportiva del Gallo Fino de Pelea. Esa demanda, que solicitaba que la Ley de Granjas del 2018 fuera declarada inconstitucionalidad para ser implantada en Puerto Rico, fue denegada por el juez Gelpí.