Los integrantes de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico se apuntaron una a su favor. 

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) resolvió dos querellas que fueron sometidas por separado para que se investigara al comisionado José “Toto” Peñagarícano por alegados conflictos de intereses y, a su vez, por haber alterado una tarjeta de votación para favorecer a un boxeador que es representado por su hijo, el licenciado Gabriel Peñagarícano.

El pasado agosto, el juez de boxeo profesional César Ramos presentó un recurso ante OEG bajo el argumento de que Peñagarícano intervino indebidamente durante el pleito entre José “Wonder Boy” López y Roberto Catañeda. 

Sin embargo, el Área de Investigaciones y Procesamiento Administrativo de la OEG concluyó que los comisionados “no son servidores públicos, ya que su labor se limita a recomendar y orientar a base de los conocimientos que tienen en el deporte del boxeo”. Asimismo, OEG refiere a Ramón Orta, secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), para que atienda las alegaciones por entender que es a quien le compete evaluar los mismos.

De hecho, actualmente se llevan a cabo unas vistas administrativas para determinar si, en efecto, alguien alteró la anotación en una de las tarjetas que Ramos entregó durante el mencionado combate. 

Los integrantes de la Comisión de Boxeo redactan el reglamento según la política pública de la administración de gobierno. Además, algunos de sus actuales integrantes tienen contratos de servicios y cobran como asesores. Por ejemplo, Dommys Delgado Berty tiene un acuerdo por $36,000 anuales que aprobó Ramón Orta, secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), según reseñó El Nuevo Día en el 2013. Otros, como Peñagarícano, realizan funciones pro bono como comisionados.

Las vistas administrativas que preside Hiram Morales, precisamente ex director ejecutivo de OEG, están programadas para continuar el 25 y 26 de noviembre.