Al momento de leer esta columna, el telón legislativo para aprobar medidas terminó al filo de la media noche de este martes, madrugada con el miércoles. Lo poco que pueda quedará en manos de los llamados comités de conferencia. Estos están integrados por legisladores de Cámara y Senado. Se reúnen y tratarán de llegar a unos entendidos.

El resultado de esas piezas legislativas, producto de los comités de conferencia, deberán ser refrendadas, aprobadas o rechazadas en o antes del 30 de junio.

A partir de ese momento, culminan los trabajos de esta Asamblea Legislativa con relación a este cuatrienio. Solo se volverán a reunir, en caso de convocarse una Sesión Extraordinaria y tendría que ser para atender un tema en específico.

Ahora bien, lo que ha salido a la luz en términos de proyectos y legislación de esta recta final, deja un mal sabor. Da la impresión de que nuestros legisladores han dado su visto bueno a ciertas cosas que, simplemente, no pueden ser firmados por el gobernador o, en su defecto, serán rechazados por la Junta de Control Fiscal.

Vamos a los datos. El Senado aprobó un bono de Navidad de $600 a los maestros retirados. Es cierto que los maestros retirados reciben una “porquería” de retiro y que sufren necesidades. Sin embargo, existe una realidad. La medida no cuenta con la identificación de fondos recurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida no explica de dónde saldrá el dinero y, mucho menos, si existe una partida de aquí adelante que respalde esa obligación. De esta forma, los legisladores están ofertando a nuestros educadores jubilados un cheque sin fondo.

¿Son nuestros legisladores brutos?, ¿desconocen que no tiene fondos de repago identificados? La contestación a ambas preguntas es NO.

Los legisladores saben exactamente la salud fiscal de nuestra isla. Sin embargo, lo aprueban y patean la lata para que sea el gobernador quien vete la medida o la Junta lo detenga. Así el papel de villano lo llevará otro y no ellos. Lo mismo hicieron con el presupuesto.

Aquí el asunto es más vil, pues saben que la Junta tiene el poder de imponer su presupuesto y no el que se trabaja en la Legislatura. A través de este diario nos enteramos que la Junta le envió una carta de 28 páginas, en las que levanta la advertencia de que el presupuesto no cumple con la ley Promesa. Fueron punto por punto, detallando las inconsistencias. La Junta desnudó algunos de los planes legislativos denunciando que, en algunos casos, no presentaron datos para respaldar la necesidad de alguna de las asignaciones.

Les doy otro ejemplo. Asignan $6.4 millones para el programa de amas de llaves. Actualmente, los municipios dan este servicio con fondos que reciben del Departamento de la Familia. Dicen en su explicación que lo hacen para fortalecer el programa. Sin embargo, no sometieron los datos necesarios para respaldar ese aumento.

Podemos estipular que nuestro demográfico lo justifica. Es más, las cámaras de televisión de los distintos telediarios ofrecen casos palpables de esta necesidad, pero a la hora de usted hacer asignaciones tiene que documentar todo y aquí da la impresión, que lo hicieron “por qué si”. Todo cambio que se realice al presupuesto, que implique cambios o gastos nuevos, debe ser neutral a lo que tenemos. Esto quiere decir que no se puede aumentar a capricho.

Es como si usted tiene $100. Usted lo distribuye a su gusto. Lo gasta a conciencia de que son solo $100 y no puede echar en el canasto del supermercado, productos que sumen $150. Así de simple.

La actitud de los legisladores actuales es la misma de los que estuvieron 30 años atrás. Aquellos nos metieron en una quiebra con medidas populistas. Eso, bajo la Junta, no volverá a ocurrir. El problema es que todos aspiramos a que la Junta de Control Fiscal termine sus trabajos de reestructuración de la deuda y se vaya. Mi gran miedo es que una vez ello ocurra, ¿nos volveremos a meter en el embrollo nuevamente? Las elecciones y su cercanía tientan a estos muchachos a disparar de la baqueta. Así que mucho ojo a esta recta final de nuestra Asamblea Legislativa.