La gobernadora Jenniffer González Colón anunció este viernes que el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) ahora podrá beneficiarse del dinero de bienes incautados en operativos, luego de que la isla entrara en cumplimiento del Fondo de Decomiso de Tesoro que así lo permite.

Según explicó la primera mandataria, acompañada del fiscal federal W. Stephen Muldrow y el comisionado del NPPR, Joseph González, se trata de $27.6 millones que la agencia investigadora tendrá a disposición. A finales de este mes, recibirá la primera partida. González indicó que se les permitirá utilizar un tope de $10 millones anualmente.

“Ahora que el programa está en una posición buena en cumplimento, que el gobierno federal puede entregar esos $27.6 millones de dólares para la Policía de Puerto Rico”, celebró el fiscal federal.

Muldrow explicó que el Fondo es del Departamento de Justicia, sobre el cual el fiscal general ejerce autoridad legal y que incluye 13 agencias federales como la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés), Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, en inglés), los Inspectores Postales de los Estados Unidos, y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), entre otras, y del Departamento de Tesoro.

“Cualquier agencia del orden público estatal, local…que participe directamente en una operación policial que resulte en un decomiso federal puede solicitar una parte equitativa del producto neto del decomiso”, aseguró Muldrow.

Las agencias que pueden solicitar, a través de distribución equitativa- “un aspecto importante” de los programas de decomiso de bienes de los departamentos de Justicia y del Tesoro- son el NPPR, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), el Departamento de Seguridad General de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, Unidad de Antidrogas de la Guardia Nacional y las Policías Municipales de Ponce y San Juan.

Por lo tanto, el NIE y el Departamento de Seguridad General de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico está pendiente a recibir $100,000, la Unidad de Antidrogas de la Guardia Nacional $5,000 y las Policías Municipales de Ponce y San Juan $10,000 y $177,000, respectivamente.

“Esto es como un ‘reward’”, dijo la funcionaria en conferencia de prensa que se celebró en La Fortaleza.

“No estamos hablando de 10 chavos. Van a hacer la diferencia en lo que es la Policía de Puerto Rico hacer su trabajo”, agregó.

La gobernadora especificó que Puerto Rico no estaba en cumplimiento de un programa federal que permitía que los policías puedan usar estos fondos ocupados en operativos, como, por ejemplo, en incautaciones de sustancias ilícitas en costas.

González precisó que el dinero se usará para “the latest and greatest techonology”, que actualizaría equipo según lo necesario, ya sea en la compra de chalecos, armas, armamentos para divisiones especiales, uniformes, las unidades caninas, pago de tiempo “overtime”, entre otros.

“Los fondos compartidos equitativas deben utilizarse para aumentar o complementar los recursos de las agencias de ley y orden, estatal, local…los fondos compartidos no s utilizarán para reemplazar o suplantar los recursos asignados a las agencias”, subrayó Muldrow al iniciar que más agencias también pueden participar en el programa de distribución equitativa, siempre y cuando cumplan con los requisitos de auditoría y documentación necesaria.

Hasta el 2020, el NPPR había recibido $2.6 millones, el NIE sobre $870,00, la Seguridad General de la Autoridad de los Puertos más $587,000, la Unidad Antidrogas de la Guardia Nacional sobre $480,000, la Policía Municipal de Ponce $160,000 y la Policía Municipal de San Juan $1.4 mil millones.

Sin embargo, la falta de cumplimiento del NPPR inhabilitó que Puerto Rico no se continuara beneficiando de este programa por los pasados cuatro años, apuntó González Colón.

“La única (agencia) que no estaba en cumplimiento era la Policía de Puerto Rico”, recalcó.

“Estas cosas no se dan en el aire, pero que se hayan podido resolver en menos de tres meses lo que nos ha tomado casi cuatro años en evaluación habla de la disposición, del enfoque, la disciplina y el trabajo en conjunto”, celebró.

Las deficiencias incluían: combinar fondos de agencias en una misma cuenta bancaria, falta de reportes al Departamento de Justicia sobre el uso de fondos, falta de registro de las compras, costos cuestionables en compras, registro de transacciones, las autorizaciones pertinentes, inventario de lo que se pagó con fondos federales y manejos internos, entre otras.