El Senado avaló en la tarde de hoy con enmiendas el Proyecto de la Cámara 1957 que busca establecer como mandatoria la imposición de supervisión electrónica, eliminar la fianza diferida y excluir la sentencia suspendida o libertad a prueba a un conductor que se vaya a la fuga (hit and run) tras ocasionar grave daño corporal o la muerte de una persona en un accidente de tráfico.

La medida propone crear la “Ley Natalia Nicole Ayala Rivera”, quien el 5 de enero de 2022 fue arrollada en la salida de Hato Rey hacia el Expreso José de Diego (PR-22). El conductor, Carlos Julián Maldonado Dávila, abandonó la escena y la joven, que cambiaba un neumático de su carro con la ayuda de un amigo, falleció por el impacto.

El caso ganó notoriedad porque a Maldonado Dávila se le encontró culpable, pero la jueza Nerisvel Durán, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, le impuso 10 años en sentencia suspendida. Sin embargo, el Departamento de Justicia apeló la sentencia y el Tribunal de Apelaciones revocó la sentencia dictada por Durán. El Apelativo dispuso que el convicto Maldonado Dávila debía cumplir dos años de cárcel.

“La medida busca distinguir las penas y condiciones a ser impuesas a aquellas personas que se van a la fuga luego de ocasionar un accidente en el cual se causaron daños a la propiedad, resultó un daño corporal a una persona o se provocó la muerte de esta. Concurrimos con la intención legislativa del proyecto que busca imponer rigor adicional para cada escenario delictivo relacionado con la conducta del hit and run”, dice el informe que recomendó la aprobación de la medida, de la Comisión de lo Jurídico del Senado, bajo la presidencia del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

La pieza legislativa es de la autoría de los representantes, Héctor Ferrer Santiago y Gretchen Hau.